Reforma tributaria: sensatez y sentimientos

Luis Larraín

Para justificar la radical reforma tributaria que implementaría Michelle Bachelet en caso de ser elegida, los técnicos que la impulsan han esgrimido diversos argumentos. Han dicho, por ejemplo, que la existencia de un mecanismo como el FUT permite que ciertas personas, al constituirse como sociedades, logran tributar una tasa menor a quienes tienen ingresos inferiores a ellos pero no utilizan esta figura. En aras de la justicia, entonces, proponen eliminar el FUT.




Efectos sobre el ahorro
Al basar sus propuestas en sentimientos, no obstante, los arquitectos de la reforma de Bachelet han dejado de lado la sensatez. Poco les importa que este mecanismo sea el vehículo principal de ahorro que existe en nuestra economía, donde la mayor parte del ahorro nacional (las estimaciones están entre 50% y 66%) lo realizan las empresas. En lugar de utilizar su imaginación para idear mecanismos que eviten el abuso de esta herramienta de ahorro, simplemente la eliminan, con efectos que ni ellos mismos pueden prever. Esto es especialmente grave para las PYME pues las utilidades retenidas (FUT), son su mayor fuente de capital de trabajo. Como si fuera poco, la reforma de Bachelet las golpea eliminando los regímenes contemplados en los artículos 14 bis y 14 quáter de la ley de impuesto a la renta, lo que afecta a 140.000 empresas y no se compensa de ninguna manera con la ampliación de los topes del artículo 14 ter.

Aumentar en un 25% la tasa de impuesto a las empresas tampoco les parece un despropósito, también en aras de una supuesta justicia. Ignoran con ello que en una economía como la nuestra, siguiendo a Arnold Harberger, una proporción muy alta de un mayor impuesto a las empresas será pagado por consumidores y trabajadores. Así, la supuesta justicia redistributiva de alzar los impuestos a las empresas (los ricos) queda totalmente en entredicho. Otra vez, sentimientos y no sensatez.


Nivel de la carga tributaria
Los economistas de la Nueva Mayoría no han desmentido la evidencia que señala que los impuestos en Chile no son bajos para su actual nivel de desarrollo y que la carga tributaria que soportan las empresas es alta. Nuestra carga tributaria, neta de seguridad social, como % del PIB es mayor que en Estados Unidos, Japón y Corea. También es mayor a la carga tributaria promedio de los países de la OCDE cuando tenían un ingreso per cápita de 
US$ 15.000, acercándose más bien a los US$ 20.000.

Chile es el tercer país de la OCDE que recauda más impuestos a la renta, después de Luxemburgo y Noruega, casualmente dos de los países más ricos del mundo. Esto, porque si bien la tasa del impuesto es relativamente baja (20%) su base es muy amplia y hay muy pocas excepciones y descuentos lo que hace que la recaudación sea muy alta, entre 4% y 5% del PIB, según distintos criterios.

El mito que ha alimentado la Nueva Mayoría es que en Chile las empresas pagan pocos impuestos. Eso es mentira, las empresas pagan muchos impuestos. La recaudación del impuesto a la renta que proviene de las personas es muy baja en nuestro país, llegando sólo a un 2% del PIB y abarcando apenas a un 20% de las personas. La reforma que aumenta en 3 puntos del PIB la carga tributaria en Chile se basa entonces en una aseveración falaz.


Efectos sobre la inversión
Es abundante la evidencia que indica que alzas en los impuestos afectan negativamente el crecimiento y la inversión. En Estados Unidos, Romer y Romer, en un estudio sobre la recaudación tributaria entre 1945 y 2007, calcularon que un aumento de los impuestos en 1% del PIB reduce el nivel del producto en casi un 3% a lo largo de los tres siguientes años. En Chile, Larraín y Cerda señalan que un 10% de aumento en la tasa de impuesto a las utilidades retenidas (Bachelet propone aumentarla en 25%) disminuye la inversión privada en cerca de 1% del PIB y el stock de capital de las empresas en 0,8%.

La reforma tributaria que propone Bachelet está construida sobre la base de prejuicios y falacias acerca de la verdadera naturaleza del sistema tributario chileno. Su aplicación causaría mucho daño al ahorro, la inversión y el empleo en nuestro país.